Resumen de noticias sobre discapacidad para terminar 2016
Trabajadora con discapacidad en un centro de Fundación AMÁS. Foto: Fundación AMÁS.
La elevada tasa de paro entre personas con discapacidad, las ayudas a la dependencia y la polémica reforma del Código Civil que obliga a personas con discapacidad a obtener un certificado médico para casarse, son las asignaturas pendientes con las que arranca 2017.
En España hay cerca de un millón y medio de personas con discapacidad en edad de trabajar, aunque su tasa de empleo apenas supera el 25%, menos de la mitad de la población sin discapacidad.
La falta de empleo se ceba con este colectivo y especialmente con trabajadores con discapacidad intelectual, según los datos del último estudio realizado por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet), de la Fundación ONCE.
Según las cifras publicadas en diciembre de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la situación de desempleo entre personas con discapacidad ha mejorado levemente durante el pasado ejercicio. En 2015 la tasa de paro se situó en el 31%, lo que supone un descenso de 1,7 puntos respecto al año anterior.
Sin embargo, la discriminación sigue afectando a este colectivo a la hora de encontrar trabajo y sobre todo a las mujeres. De los 414.800 ocupados con discapacidad que había el año pasado, casi el 59% eran hombres y el 41% trabajadoras.
Por Comunidades, las mayores tasas de empleo se han dado en la Comunidad de Madrid (42%), País Vasco (39,4%) y Castilla-La Mancha (37,8%), en la otra cara de la moneda las Comunidades con menor ocupación de personas con discapacidad son Galicia (23%), Asturias (28%) y Extremadura (29%).
Las personas con discapacidad necesitarán una autorización médica para casarse, según la reforma del Código Civil.
La reforma del artículo 56 del Código Civil fue aprobada el 2 de julio de 2015 y está previsto que entre en vigor el 30 de junio de 2017. Si el Parlamento no lo impide, a partir de esa fecha, las personas con «deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales» necesitarán un «dictamen médico sobre su aptitud» a la hora de contraer matrimonio.
Así, textualmente lo recoge la polémica modificación del artículo 56 del Código Civil, entre los afectados por esta medida, se encuentran las personas sordas y ciegas, algunas de las cuales han iniciado una campaña de recogida de firmas a través del portal Change.org con el objetivo de que sea retirada. «¡NO a la prohibición de poder casarnos sin un permiso médico! Estamos capacitados para amar, y por ende casarnos, como cualquier persona», clama el texto publicado en la plataforma.
La respuesta del Gobierno del Partido Popular no se ha hecho esperar, el Ministro de Justicia, Rafael Catalá ha asegurado que se trata de “un error en el texto” y ha anunciado que emitirá una instrucción que aclare que la modificación del Código Civil no comportará que las personas con discapacidad visual o auditiva tengan que presentar un certificado médico para casarse.
Un rectificación que vuelve a ser discriminatoria con las personas con discapacidad intelectual que, según el Gobierno, si están incluidas en la obligatoriedad de obtener un permiso médico para poder contraer matrimonio.
Solo el Partido Popular no firma el acuerdo para revertir los recortes en Dependencia.
El pasado 14 de diciembre de 2016, el Congreso de los Diputados vivió un hecho poco frecuente: A instancias de una organización independiente, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales, todos los grupos parlamentarios firmaron un documento en el que se comprometían a revertir los recortes que han sufrido las prestaciones del servicio de atención a personas en situación de dependencia desde 2012. Solo no asistió el PP.
El texto, de cinco puntos, pretende recuperar el nivel de inversión por parte del Gobierno central de antes de la crisis, lo que supondría una aportación extra de 450 millones, según los cálculos de la asociación que presentó el director del Observatorio de la Dependencia, Juan Manuel Ramírez. En julio de 2012 un real decreto recortó en un 13% la aportación considerada mínima por la Administración central para el cuidado de dependientes, y anuló otra de las partidas (aunque la ley la mantiene). La aportación del Ministerio de Sanidad representa actualmente el 20% de los 8.500 euros que emplea el Estado en las prestaciones (el resto corre a cargo de las comunidades). Ello quiere decir que con ese aumento de 450 millones podrían dotarse casi 265.000 ayudas más, cuando aún hay 356.000 personas con una dependencia reconocida que no tienen prestaciones.
